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Bruselas investiga 100 millones de presuntas ayudas ilegales del Estado a las mutuas


La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investigará 100 millones de euros de presuntas ayudas ilegales indirectas del Estado a las mutuas, “una situación de competencia desleal en el sector de la prevención de riesgos laborales”, según la denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación de la Federación ASPA y la Asociación ANEPA, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Esta doble actividad, por un lado como entidades gestoras de la Seguridad Social y por otro como sociedades de prevención a través de filiales participadas al 100%, “hace muy difícil la separación entre la actividad pública y la mercantil creando una posición de dominio” de estas sociedades filiales en el mercado de la prevención de riesgos laborales con la resultante “distorsión en el ámbito de la competencia”, como recoge el escrito presentado. La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a la presentación de la información que estime conveniente previa instrucción de la denuncia.

Desde hace unos meses existe un debate sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió a los agentes sociales, en cuyo articulado se recoge, entre otros asuntos, la venta del 100% de las participaciones de las mutuas en dichas sociedades de prevención antes del 2015. La Comisión delegada que estaba revisando el Anteproyecto de Ley de Mutuas ya ha cerrado el borrador que en estos momentos estudia la Comisión de Subsecretarios previa a su aprobación en el Consejo de Ministros.

Sentencia del Tribunal Supremo

Hace apenas una semana que el Tribunal Supremo ratificó en sentencia que las mutuas incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en dicho sector ante una denuncia presentada por la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) en 2002.

En la sentencia, el Supremo admite que este tipo de servicios, especializados en prevención de riesgos, “han soportado desde su creación la competencia desleal e intrusismo de las mutuas”.

Entre las prácticas denunciadas se encontraban “utilizar para su estructura recursos propios de la Seguridad Social; (…) utilizar para su funcionamiento recursos con cargo a cuotas; (…) utilizar información privilegiada de las empresas; (…) ofertar tarifas por debajo del coste real” y otras análogas. La sentencia del Supremo insiste en que estas afirmaciones pueden “reputarse sustancialmente avaladas por todas las instancias oficiales e incluso por el propio Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y corresponden a la realidad de los hechos que se deducían del expediente”.

Las mutuas recibieron 63 millones de euros entre 2002 y 2005. La Federación Aspara calcula que a estos 63 habría que unir aquellas ayudas que algunas sociedades de prevención han recibido de su matriz en los últimos ejercicios para hacerlas viables y que en algunos casos están recogidas en sus balances. “Si añadimos esto podríamos estar hablando de 70 millones de euros más. O sea, que con todas las dificultades de cálculo podrían superar los 100 millones de euros”, señala Agustín Azparrensocio internacional de Martínez-Echevarría Abogados en declaraciones a El Confidencial.

Una provisionalidad… de 16 años

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social (en la cobertura aseguradora de accidentes de trabajo y enfermedad profesional) entraron en el mercado de la prevención de riesgos laborales con carácter provisional. “Dieciséis años después, se mantiene la provisionalidad habiendo desaparecido las causas que justificaban la autorización provisional. Desde hace seis años, intervienen en el mercado de la prevención a través de sociedades filiales, las sociedades de prevención”, explica Azparren.

Fuentes del sector consultadas por El Confidencial destacan que las sociedades de prevención viven de las mutuas, aunque “casi todas están en números rojos”, reconocen estas fuentes, tras recordar que de aquí al 31 de diciembre tendrán que dejar de ser propiedad de las mutuas. Se prevé que en algunas de esas sociedades pasen a propiedad de los empleados en modo de cooperativa. Otras buscan compradores para minimizar la previsible pérdida de puestos de trabajo.

Fuente: El Confidencial

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