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Legislación

Circular 4/2011, sobre Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en materia de Siniestralidad Laboral


La fiscalía, a través de la unidad de actuación especializada del ministerio, publica los nuevos criterios de actuación ante la siniestralidad laboral. El hecho de que exista una unidad especializada dentro de la fiscalía, es garantía para todos de que las figuras y terminología que existen en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, son manejadas por dicha unidad con claridad conceptual. Es decir, conocen perfectamente los posibles sujetos intervinientes y responsables cuando se produzca un accidente (empresarios, trabajadores, técnicos de prevención, coordinadores, etc).

Esta familiaridad ilustrará a los jueces de lo penal a la hora de imputar un delito a quien corresponda en el no pocas veces, confuso ámbito de la seguridad y salud laboral.

Estos nuevos criterios de actuación sirven de guía para que los fiscales sepan cómo actuar cuando haya un accidente con lesiones o muerte. En esta extensa circular se recoge la documentación que, como mínimo, debe recabarse en los accidentes (evaluación de riesgos, plan de seguridad, libro de incidencias, libro de subcontratación, actas del comité de seguridad y salud, etc.), se relacionan los posibles sujetos responsables, los tipos de delitos que se imputarán, cuestiones procesales en este tipo de procedimiento penal,  etc.

La documentación mínima que se exigirá a todo empresario no exonera para nada su responsabilidad, ni la de otras personas físicas o jurídicas. De hecho, lo único que podrá exonerar de responsabilidad al empresario será si acredita que concurren dos circunstancias: la imprevisibilidad del accidente (es decir, que no se hubiera podido prever en el sentido de concurrencia de elementos imprevisibles) y una actuación temeraria del trabajador en el propio accidente.

En todos los demás casos, el empresario y el resto de sujetos intervinientes (técnico de prevención, personal cualificado -arquitectos, ingenieros,…-, coordinador de seguridad y salud, recursos preventivos, con mayor o menor poder de decisión, también directivos, la propia empresa, etc) tienen una responsabilidad civil y penal por el accidente. Y todo ello al haberse acogido en esta circular el criterio, que ya venía aplicándose por la jurisprudencia, basado en el principio de desconfianza (las distracciones o  culpabilidad no temeraria del trabajador no valen como justificación) y es la empresa y el empresario el garante final de la seguridad; quien tiene un deber de protección ilimitado e incondicionado.

Cualquier trabajador que por competencia o cargo (arquitecto, jefe de obra, técnico de prevención, etc.) tenga el poder de decisión efectivo, puede ser responsable penalmente con respecto al accidente. Se trata de identificar a aquellos que deben facilitar, verificar y controlar la seguridad.

La vigilancia (o la falta de vigilancia en el grado que sea) para que se cumplan las medidas de seguridad son cometido del empresario y en quien éste delegue dichas funciones. Esta responsabilidad puede llegar al consejo de administración de la propia empresa, como así ha ocurrido ya en alguna reciente sentencia.

De la circular sorprende que la regla de actuación en cualquier accidente sea acudir al tipo del art. 316 del Código Penal, es decir, por delitos de riesgo doloso, y que sea la excepción el de culpabilidad no temeraria. Por consiguiente, como regla general se imputará la pena de hasta tres años de privación de libertad, que si se impone obligaría al empresario o sujeto responsable a ingresar en prisión. Esto sin contar con otras posibles accesorias como la inhabilitación profesional para el cargo o profesión, o las sanciones, indemnizaciones o responsabilidades civiles y laborales.

El objetivo principal de todas las empresas y personas que tenemos algún tipo de responsabilidad en la seguridad y salud laboral es que no haya accidentes y que si por desgracia estos ocurren, podamos rebajar al máximo posible su alcance y consecuencias. Es posible que en ocasiones los empresarios tengan la sensación de que todo es muy burocrático, o de no entender los motivos por los que el servicio de prevención propio o ajeno, o los técnicos les piden datos, les reclaman la justificación de los cursos que se dan, de por qué tanta auditoría en este sentido, etc., pero pensemos que con ello se salvan vidas. Esto debería ser suficiente para implicarnos a todos, y más con el escenario de consecuencias penales, personales y laborales que esperemos nunca tengamos que padecer.

Jose Juan Oliva
Director de RRHH de Medycsa

Para obtener más información, pinche aquí

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